El Congreso de los Diputados llevará a cabo una investigación sobre los contratos realizados entre la Junta de Andalucía y Bidafarma, una farmacéutica donde Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, ocupa un cargo de alta responsabilidad. Esta investigación surge como parte de la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
La documentación requerida por el Congreso incluye expedientes de contratación y adjudicación del Grupo Bidafarma con la Junta de Andalucía desde 2016 hasta 2024, así como información sobre el procedimiento de adjudicación de suministros de vacunas a Bidafarma. También se solicitan todas las comunicaciones entre Bidafarma y la Junta de Andalucía relacionadas con contrataciones, además de detalles sobre subvenciones o ayudas económicas otorgadas a Bidafarma por parte de la Junta de Andalucía.
En 2020, la Junta de Andalucía concedió a Bidafarma, sin concurso, la logística de vacunas contra el Covid-19, lo que implicó la gestión del almacenamiento, custodia y transporte de las vacunas en la región. Previamente, en julio de 2020, el gobierno andaluz acordó con Bidafarma el reparto de mascarillas gratuitas a la población andaluza.
Este acuerdo generó sospechas, especialmente por la relación de Manuela Villena López con Bidafarma y la falta de transparencia en el proceso. Jesús María Ruiz García, portavoz socialista de Sanidad en el Parlamento de Andalucía, denunció la falta de claridad en el procedimiento y en el contrato. Ahora, el Congreso de los Diputados requerirá toda la información relevante sobre estos contratos.
Bidafarma ha afirmado que su colaboración con la Junta se suma a otras acciones realizadas con la administración sanitaria andaluza y los colegios profesionales. Sin embargo, el director de Comunicación de Bidafarma ha aclarado que la cooperativa no ha sido adjudicataria total ni parcial de ningún contrato relacionado con el reparto de mascarillas a la población por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
La investigación del Congreso busca esclarecer la relación entre la Junta de Andalucía y Bidafarma, así como garantizar la transparencia en los contratos realizados durante la pandemia de Covid-19.
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